El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó formalmente a la Corte de Apelaciones de Santiago ser parte del proceso de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León, exmilitante UDI, quien es investigado por presuntos delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.
La petición original fue presentada el pasado 27 de junio por la Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal Lorena Parra, con el objetivo de allanar el camino judicial para formalizar al parlamentario. A esta acción se sumó también la Municipalidad de Maipú, representada por el abogado José Pedro Silva, en nombre del alcalde Tomás Vodanovic (FA), quien ingresó su requerimiento el 9 de julio.
El CDE ingresó un escrito el 11 de julio solicitando ser parte activa del proceso. El tribunal de alzada capitalino acogió la solicitud este martes 29 de julio, permitiendo que la institución liderada por el consejero Raúl Letelier se integre oficialmente al caso como querellante.
La Fiscalía expuso en su requerimiento que Lavín utilizó fondos públicos del Congreso para financiar el desarrollo de la aplicación “Socialtazk”, elaborada por la empresa Modo 74, de propiedad de su hermano Juan Pablo Lavín, y en la que también participa otra hermana, María Estela Lavín. Esta plataforma, destinada al envío masivo de mensajes políticos, habría sido ofrecida a más de 70 candidatos de la UDI entre 2020 y 2021, a cambio de acceso a sus bases de datos.
Según la investigación liderada por la fiscal Constanza Encina, Lavín también instruyó a sus asesores parlamentarios a trabajar en la carga y validación de dichos datos durante su jornada laboral en el Congreso, lo que se considera un uso irregular de recursos públicos. El perjuicio fiscal de esta maniobra se estima en más de $93 millones.
Adicionalmente, el CDE presentó una querella hace tres meses por presunto financiamiento ilegal de la campaña parlamentaria de Lavín, involucrando también a su asesor Arnaldo Domínguez y a los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez. Se les acusa de entregar documentación falsa al Congreso para justificar gastos inexistentes, lo que habría provocado un daño fiscal superior a los $104 millones.
Uno de los elementos que sustenta la acusación de tráfico de influencias es el rol que Lavín habría desempeñado como “alcalde en las sombras” durante la gestión de su esposa, Cathy Barriga, como alcaldesa de Maipú.
Con este nuevo respaldo del CDE, la solicitud de desafuero contra Lavín suma un peso institucional aún mayor, configurando un complejo panorama judicial para el diputado, quien arriesga la pérdida de su fuero y una eventual formalización por diversos delitos de corrupción.
