Entrevista: Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional. “Hay deudas”.
“Este gobierno ha tenido algunas medidas positivas respecto a Derechos Humanos (…) También hay deudas, con la reparación integral a las víctimas del Estallido Social.”
“Los criminales presos en PUNTA PEUCO están condenados porque han cometido las peores aberraciones en la historia de nuestro país”
Amnistía Internacional publicó en diciembre un informe que documenta el genocidio en Gaza, donde afirmamos de forma rotunda que las acciones de Israel han tenido un coste catastrófico para la población civil palestina y constituyen derechamente genocidio. Este genocidio que ocurre tras décadas de políticas de ocupación ilegal y apartheid, debe parar. Exigimos a la comunidad internacional que actúe y adopte todas las medidas conducentes a terminar con la barbarie.
Gobiernos de todo el mundo trataron de infundir miedo prohibiendo medios de comunicación, disolviendo o suspendiendo ONG y partidos políticos. Ataques cada vez más implacables dibujan un panorama sombrío para las mujeres, las niñas y las diversidades sexogenéricas en todo el mundo.
Rodrigo Bustos, señala que “desde Amnistía Internacional, valoramos desde su anuncio la existencia del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidas y Detenidos Desaparecidos y reconocemos los logros de su ejecución, como la entrega de carpetas a familiares o la validación participativa de una cifra oficial de personas desaparecidas.“
Por otra parte, en 2024 se cumplieron 5 años desde el estallido social, periodo en el que se cometieron las violaciones a los derechos humanos más graves desde el fin de la dictadura. Amnistía Internacional las considera graves y generalizadas y el Estado de Chile tiene el deber ineludible de avanzar en verdad, justicia, reparaciones integrales y garantías de no repetición.
A 5 años y medio del estallido social, existe un total de 10.142 casos que se investigan por delitos de violencia institucional correspondientes a este período. Sin embargo, solo han habido 59 sentencias condenatorias. Con esto, el balance es que tan solo en el 0,6% de las mismas se concluyó la investigación, se acreditaron los hechos y se castigó a los perpetradores. Esto configura un escenario de escandalosa impunidad e instamos al Estado de Chile a adoptar todas las medidas para revertirlo.
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