Informe de expertos de la ONU concluyó que la detención de Pedro Castillo fue “arbitraria”
Los especialistas piden al Estado peruano la liberación de Castillo, repararlo y sancionar a los responsables.
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (GTDA) concluyó que la detención de Pedro Castillo fue “arbitraria”
En un informe, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (GTDA) emitió una opinión contraria a los tribunales peruanos.
Tras revisar el caso, el GTDA, concluyó que la detención de Pedro Castillo fue “arbitraria” porque careció de base legal. En un documento de 19 páginas, los expertos de la ONU consideraron que esta detención contradice el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
“Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad»
El GTDA argumenta que la captura no cumplió con la legislación peruana, ya que subraya que un presidente en ejercicio no podía ser detenido antes de que el Congreso levantara el antejuicio político, un proceso que se completó cinco días después de la captura.
También cuestionan el papel del Ministerio Público, al considerar que esa institución no constituye una “autoridad judicial independiente” habilitada por emitir dicha orden de captura.
Otra crítica subrayada por el GTDA es la falta de acceso a un juicio justo por parte de Pedro Castillo. El Grupo de Trabajo considera que el expresidente no pudo contar con la ayuda de un abogado de confianza de manera inmediata después de su arresto. Al principio, fue representado por un defensor público designado sin su consentimiento.
“Se le impidió a la defensa de Castillo disponer del tiempo y los medios adecuados”, para prepararse de manera justa, destaca el documento del GTDA.
“Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”, recomienda el informe del GTDA.
El Grupo de Trabajo también instó al Gobierno peruano “a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad” del exjefe de Estado peruano y que “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
¿Qué tan probable puede ser una liberación de Pedro Castillo?
Ante todo, cabe recordar que el aviso del GTDA no es vinculante. Una eventual liberación de Pedro Castillo sigue dependiendo de las decisiones de la Justicia peruana.
Sin embargo, la recomendación del GTDA alimenta el debate sobre la validez de la detención y la condena de Pedro Castillo, en un país donde sus partidarios siguen denunciando lo que consideran una decisión judicial tomada bajo motivos políticos.
Durante la campaña presidencial este año, el candidato de izquierda y fiel aliado de Pedro Castillo, Roberto Sánchez, había prometido que, si llegara a la Presidencia, indultaría a Pedro Castillo.
Este escenario pareció desvanecerse tras la victoria de la derechista Keiko Fujimori proclamada presidenta a principios de julio. Sin embargo, quien hoy tiene el poder para otorgar un indulto sigue siendo el todavía presidente José María Balcázar, quien no ha descartado totalmente esta opción.
Mientras tanto, el equipo de defensa de Pedro Castillo ha presentado siete pedidos de indulto, que hasta el momento han sido rechazados con el argumento de que el proceso aún sigue en marcha porque ha sido apelado ante tribunales superiores.
El último fue enviado el pasado 25 de junio, según indicó el ministro de Justicia, Luis Jiménez, quien informó sobre “una solicitud de gracia presidencial que está siendo revisada por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales” y que “seguramente, muy pronto, ya tendrá una respuesta del Ministerio”.
Esta nueva solicitud pide al Ejecutivo que aplique una atribución prevista en la Constitución peruana que permite al mandatario ejercer el derecho de gracia en determinados casos, entre ellos a los condenados sin sentencia firme, como es el caso de Pedro Castillo.
El grupo de expertos de la ONU pidió al Estado peruano la liberación de Castilla y una reparación
Los expertos Ganna Yudkivska y Ethan Shin pensaron distinto. Para ellos, el discurso no fue una opinión, sino un «acto performativo». Es decir, una orden con efectos inmediatos, como disolver el Congreso e imponer un toque de queda. Lo compararon con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, y por eso lo excluyeron de la protección a la libertad de expresión.
Un tercer experto, Matthew Gillett, discrepó de ambas posturas. Para él, el discurso debía analizarse con los estándares normales de libertad de expresión, sin crear una categoría especial. Aun así, coincidió en que la prisión preventiva fue arbitraria por falta de justificación.
El GTDA rechazó el argumento de discriminación por el origen campesino de Castillo presentada por la defensa del exmandatario. No halló pruebas suficientes y lo calificó como una disputa política propia de una democracia.
Al final, el Grupo de Trabajo recomienda al Perú liberar a Castillo, repararlo, investigar las irregularidades, sancionar a los responsables e informar en seis meses sobre las medidas adoptadas. La opinión no es vinculante y no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de Castillo en el juicio penal que sigue abierto.
Fuente | elfoco.pe
