El derecho a la salud no se negocia, a 8 años de la promulgación de la ley IVE
CONFEDEPRUS Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud. Federaciones y Asociaciones de Base FEDEPRUS.
A ocho años de la promulgación de la Ley IVE N° 21.030, observamos con profunda preocupación la oleada conservadora que pretende retroceder en conquistas fundamentales, intentando suprimir el derecho a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes. Hoy, gracias a esta ley, quienes enfrentan situaciones de riesgo vital, inviabilidad fetal o embarazo producto de una violación, pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en espacios de salud seguros, con acompañamiento integral y psicosocial cuando lo requieren.
Es fundamental recordar que Chile es un Estado laico, donde las libertades deben resguardarse para todas las personas. No obstante, aún persisten intentos de imponer restricciones basadas en creencias religiosas o en una moral sesgada por clase social. La realidad es clara: históricamente, las personas gestantes con recursos económicos han podido decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos accediendo a atención segura y privada, mientras que el 90% de la población, sin esas garantías, queda expuesta a riesgos, estigmatización y criminalización.
Nuestro país presenta altos índices de vulneración de derechos en niñas y adolescentes en el ámbito de la sexualidad. Sin embargo, todavía existen sectores que buscan negarles el acceso a la salud, empujándolas a procesos judiciales y estigmatizantes que quienes poseen recursos jamás deberán enfrentar. Esta desigualdad constituye una violación directa al principio de que la salud es un derecho humano universal, inalienable y no condicionado a creencias individuales.
Reafirmamos con convicción que decidir sobre el propio cuerpo es un acto profundamente humano y complejo. Nadie toma a la ligera la decisión de interrumpir un embarazo; por ello, el Estado tiene la obligación de garantizar espacios de salud seguros, dignos y respetuosos, que acompañen, cuiden y protejan. Negar este acceso no solo es una vulneración de derechos, sino una forma de violencia estructural.
Llamamos a toda la sociedad a no retroceder, a comprender que la salud es un derecho humano y no un privilegio, y que, por tanto, no puede ser negada bajo ningún argumento religioso o moral. Las creencias son personales y respetables, pero no pueden imponerse sobre los derechos colectivos ni sobre la dignidad de quienes más lo necesitan.
Exigimos a nuestras autoridades sensibilidad frente a la realidad social y el compromiso de fortalecer un sistema de salud pública de calidad, oportuna, gratuita y centrada en el bienestar integral de la población, sin que la legislación limite o condicione derechos fundamentales.
