El Ministerio Público abrió una investigación tras un informe de Contraloría que detectó posibles irregularidades en traspasos de dinero, viajes y asesorías financiadas con recursos municipales. La Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), disuelta en 2023, está en el centro de la controversia.
El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal en contra del exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, luego de que un informe de la Contraloría General de la República revelara posibles irregularidades en el uso de fondos públicos durante su administración entre 2016 y 2021, en el marco del funcionamiento de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO).
Según detalló el organismo fiscalizador y consignó el medio La Tercera, la Municipalidad de Las Condes —bajo la gestión de Lavín— transfirió más de $3.200 millones a la AMZO, lo que representó cerca del 75% del presupuesto total de la asociación. Estas transferencias se realizaron sin contar con mecanismos de control suficientes, lo que levantó serias alertas en la Contraloría.
Uno de los hechos más cuestionados por el informe es un viaje que Lavín realizó en 2019 a Países Bajos e Islandia, con el objetivo de conocer proyectos de urbanismo. Dicho desplazamiento fue financiado con recursos de la AMZO, pese a que Lavín asistió en calidad de alcalde y no como representante oficial de la asociación. Para la Contraloría, esta situación constituye un uso indebido de recursos, ya que los gastos debieron ser asumidos por el municipio.
Además, el informe señala que Lavín continuó figurando como apoderado de las cuentas bancarias de la AMZO hasta febrero de 2024, a pesar de que la entidad fue oficialmente disuelta en 2023. Esto evidenciaría, según Contraloría, una “falta de monitoreo y debilidades en el control administrativo” por parte de los organismos involucrados.
Otra de las observaciones relevantes es la contratación de la empresa Ideograma SpA por $69 millones para prestar asesorías comunicacionales a la AMZO. Sin embargo, los contenidos de dichas asesorías habrían beneficiado directamente al equipo de Lavín, incluyendo capacitaciones como “Twitter en política – Equipo Joaquín Lavín Chile”, lo que podría constituir una infracción al artículo 8 de la Constitución, al haberse utilizado fondos públicos con fines personales.
Ante estos antecedentes, la Fiscalía comenzará a recabar antecedentes para determinar si existen delitos asociados al manejo de recursos públicos y eventuales responsabilidades penales del exjefe comunal y otros funcionarios involucrados.
